La Corte Plena aprobó ayer un proyecto para reforzar su edificio en caso de un sismo o terremoto, para evitar riesgos de las 481 personas que allí laboran.

En la sesión se expuso el criterio técnico del Departamento de Servicios Generales del Poder Judicial sobre las necesidades estructurales, que datan en informes desde 1990.

La propuesta de reforzamiento requerirá una inversión estimada en ¢3.222 millones, que se ejecutará en 18 meses.

Los trabajos deben incluir el recinto de la Corte que consta de tres módulos: uno norte, la torre principal al centro y otro al costado sur.

La evaluación técnica determinó que el reforzamiento no puede postergarse. En la actualidad, la estructura central del edificio de la Corte es la que soporta las cargas sísmicas.

Las obras de mayor impacto se harán de noche, mientras que la limpieza de escombros se realizará en el día.

También se informó de que todavía no hay un punto específico para el tema del alquiler.